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La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

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La Sindicatura organiza un curso sobre la nueva ley de contratos del sector público



Barcelona, 13 de abril de 2018


La Sindicatura de Cuentas ha organizado hoy un curso sobre la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento  Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.


El curso, impartido por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliu, reconocido experto en la materia, forma parte del plan de formación de la Sindicatura de Cuentas para este año 2018 y está dirigido al personal de auditoría y de la asesoría jurídica.


Gimeno ha explicado los principios rectores de la nueva regulación, que resulta de la transposición de las directivas europeas de contratación, y también las principales novedades de la normativa, por lo que hace referencia a la tipología de contratos, a los negocios excluidos, a la mejora de la transparencia en los procedimientos, a los criterios de adjudicación y a la ejecución de los contratos, entre otras cuestiones.


Entre los principios que inspiran la reforma de la normativa de contratación pública ha destacada la eficiencia de los recursos públicos, por un lado, y por otro, el principio de transparencia y de igualdad de trato, que esencialmente tiene por objeto garantizar que no haya riesgo de favoritismo y arbitrariedad en los procesos de contratación.
 

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