La Sindicatura presenta en el Parlamento los informes sobre las mancomunidades incomplidoras y sobre las prestaciones económicas que gestiona el Departamento de Derechos Sociales
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La Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlamento ha acogido hoy la comparecencia de los miembros del Pleno de la Sindicatura para presentar a los diputados dos informes de fiscalización.
El orden del día de la Comisión, que se ha reunido a las 10h, ha incluido la tramitación de los siguientes informes:
- Informe 7/2025, relativo a las mancomunidades de municipios que incumplen reiteradamente la remisión de la Cuenta general
- Informe 6/2025, relativo al Departamento de Derechos Sociales: prestaciones económicas de derecho subjetivo, ejercicio 2022.
El informe correspondiente al sector local ha sido debatido en Comisión a petición de un grupo parlamentario, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Parlamento. El síndico ponente, Manel Rodríguez, ha explicado que la razón de la fiscalización radica en el hecho de que las mancomunidades, del conjunto de las entidades locales, son “las principales incomplidoras de la obligación de remitir las cuentas dentro de plazo”, con unos índices de rendición que se sitúan “como mínimo 20 puntos porcentuales por debajo” del resto de corporaciones locales en todos los ejercicios. De acuerdo con los últimos datos de rendición disponibles, el grado de presentación de las mancomunidades dentro de plazo fue del 40,7%.
El informe sobre las prestaciones económicas de derecho subjetivo, gestionadas por el Departamento de Derechos Sociales, lo ha presentado la síndica ponente en el Pleno de la Sindicatura, Maria Àngels Cabasés. Como conclusión general, la síndica ha destacado que en el informe se ponen de manifiesto “problemas estructurales de gobernanza y de buen gobierno” de estas prestaciones, y la “falta de un marco de transparencia sobre los datos de su ejecución”.
De acuerdo con los datos del informe, el gasto por prestaciones de derecho subjetivo -entre las que se incluyen la renta garantizada de ciudadanía, la prestación por dependencia y las ayudas a personas ex tuteladas- fue de 978,29 M€ en el ejercicio 2022. Del análisis de la información facilitada por el Departamento, en el período 2016-2024 se detectan pagos indebidos por importe de 167,56 M€, de los que 7,17 M€ habrían prescrito. La Sindicatura apunta también la existencia de 32.647 expedientes de renta garantizada de ciudadanía pendientes de analizar por el Departamento y con posibles pagos indebidos.
