16/2023 Plans antifrau aprovats per les universitats públiques que participen en l'execució de les mesures del PRTR
El informe en 2 minutos
¿Por qué hemos hecho esta fiscalización?
- El Consejo Europeo aprobó el instrumento Next Generation EU con un eje central: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinado a mitigar el impacto económico y social de la covid.
- Dado el gran volumen de recursos de los fondos MRR los estados miembros debían establecer un control interno eficaz y eficiente para garantizar su buen uso.
- Es importante velar para que las entidades ejecutoras de estos recursos, en este caso las universidades públicas, dispongan de los mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.
¿Cuáles son los hechos y las cifras clave?
- Las universidades públicas participan como ejecutoras en el componente 21 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y se les ha asignado un volumen de 84,33 M€ para el período 2021-2023. Además también reciben otros fondos en calidad de beneficiarias.
¿Qué hemos observado?
- Las 7 universidades públicas habían aprobado los Planes de Medidas Antifraude (PMA) exigidos por la normativa para las entidades ejecutoras de fondos MRR.
- Solo 5 universidades hicieron el test de autoevaluación y riesgo que debía realizarse por primera vez cuando la Orden HFP 1030/2021 entró en vigor.
- 2 universidades no elaboraron la matriz de riesgos (herramienta que facilita la evaluación de la probabilidad y el impacto de determinados riesgos).
- Las 7 universidades habían previsto algún mecanismo de notificación y denuncia, aunque solo 2 universidades tienen implementado un canal de denuncias.
¿Qué recomendamos?
- Sería conveniente que las universidades aprobasen un reglamento interno de la Comisión Antifraude que recogiese la composición y funciones, la periodicidad de las reuniones y la adopción de acuerdos entre otros aspectos.
- Todas las universidades deberían elaborar, revisar y actualizar las matrices de riesgos incorporando, además de las áreas generales (contratación y subvenciones), las áreas y riesgos específicos de la actividad universitaria.
- Sería conveniente extender la formalización de las Declaraciones d’ausencia de conflictos de interés (DACI) a todos aquellos que intervengan en las diferentes fases de procedimientos o cuando pueda haber riesgo de conflictos de intereses.
- El PMA debería ser fácilmente visible y accesible desde las páginas web de las universidades.
Última actualización: 09/02/2023
