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Ayudas extraordinarias directas de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19

El informe en 2 minutos

¿Por qué hemos hecho esta fiscalización?

  • La prolongación de la crisis sanitaria generada por la covid provocó una reducción significativa de los ingresos de muchas empresas y autónomos. Con el fin de mitigar los problemas de solvencia, el Gobierno del Estado creó una línea de ayudas directas a autónomos y empresas para reducir el endeudamiento y apoyar el mantenimiento de la actividad. Las comunidades autónomas fueron las encargadas de tramitar estas ayudas.
  • El objeto de este informe ha sido fiscalizar el cumplimiento de la legalidad en la tramitación de estas ayudas por parte del Departamento de Empresa y Trabajo y analizar si las ayudas llegaron a los beneficiarios que más lo necesitaban y en un plazo adecuado.

¿Cuáles son los hechos y las cifras clave?

  • La línea de ayudas contó con una dotación de 5.000,00 M€ para las comunidades autónomas incluidas en el primer compartimento de la línea de ayudas.
  • A Cataluña se le asignaron 993,28 M€. El Departamento de Empresa y Trabajo gestionó estas ayudas mediante la tramitación de 3 convocatorias.
  • El importe de las resoluciones de concesión de las ayudas a 31 de diciembre de 2021 fue de 841,30 M€ y el número de expedientes, de 38.854.

¿Qué hemos observado?

  • El Convenio con el Ministerio de Hacienda, la AEAT y la Comunidad Autónoma de Cataluña se firmó fuera de plazo.
  • La línea de ayudas directas de apoyo a la solvencia empresarial no estaba incluida en el Plan estratégico de subvenciones del Departamento de Empresa y Trabajo.
  • El Departamento no ha iniciado el trámite de requerimiento ni posterior revocación de la ayuda a los beneficiarios que incumplen algunos de los requisitos establecidos en las bases reguladoras, por un importe estimado en 26,87 M€.
  • El Departamento no ha iniciado el procedimiento de revocación de las ayudas de la tercera convocatoria de los beneficiarios que no han presentado la cuenta justificativa, por un importe estimado en 12,05 M€.
  • De los 39 expedientes analizados, 12 presentan incidencias que podrían ser motivo de revocación.

¿Qué recomendamos?

  • El Departamento de Empresa y Trabajo debería mejorar las memorias de evaluación de impacto y justificativas del proyecto de bases reguladoras.
  • Los responsables del TAIS deberían implementar las medidas necesarias para que fuese posible gestionar directamente desde el tramitador futuras subvenciones con un volumen relevante de solicitudes.
  • El Departamento debería agilizar los procedimientos de ejecución del plan de verificación para evitar agotar los plazos de prescripción para la revocación y, si procede, el reintegro de los fondos recibidos por los beneficiarios de la ayuda.