El Pleno aprueba el Marco plurianual de actividades 2026-2028
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El documento define los 5 ámbitos estratégicos y de riesgo en los que la Sindicatura pondrá el foco en los próximos 3 años
El Pleno de la Sindicatura de Cuentas ha aprobado el Marco plurianual de actividades (MaPA) para el período 2026-2028, que establece los criterios y las prioridades de fiscalización de la Sindicatura a partir de la identificación de los ámbitos estratégicos y de riesgo y de otros factores de tipo técnico, económico y social.
El MaPA 2026-2028, que actualizará el del período 2023-2025, es el documento que debe recoger una previsión a tres años vista de los criterios de selección y del alcance de los informes que deben tenerse en cuenta para elaborar los programas anuales de actividades, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas. Fue aprobado por el Pleno de la Sindicatura en la sesión del pasado 25 de noviembre.
En el documento, el Pleno pone de manifiesto que “el abanico tan amplio de actuación por lo que respecta a los entes sujetos a control” -209 entidades del sector público de la Generalidad, 1.726 del sector público local y 7 universidades públicas presenciales, con un presupuesto de gasto de más de 56.000 M€- y la limitación de recursos de la Sindicatura “hace necesario focalizar y priorizar las actuaciones de fiscalización para que estas sean efectivas para la mejora de la eficiencia y eficacia de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia”.
La Sindicatura identifica y define cinco grandes ámbitos estratégicos y/o de riesgo: sostenibilidad financiera; sostenibilidad ambiental; sostenibilidad social; ciberseguridad y TIC, y gobernanza, cumplimiento normativo y procedimientos.
Respecto a la sostenibilidad financiera, la Sindicatura pondrá el foco en el volumen de ingresos y gastos de las entidades públicas y su evolución, el equilibrio o desequilibrio de sus cuentas, el volumen de deuda, el volumen de los compromisos de gasto futuro o el grado de rigidez de sus presupuestos.
Sobre la sostenibilidad ambiental, el MaPA establece que “en los próximos años serán objeto de fiscalización las actuaciones relacionadas con la gestión del agua y de los residuos, las políticas de mobilidad (transporte público, infraestructuras de mobilidad) y las intervenciones en el campo de la energía”, así como las medidas de prevención de desastres naturales causados por el impacto del cambio climático.
En cuanto a la sostenibilidad social, se fiscalizarán las políticas públicas relacionadas con los servicios de salud, educación y servicios sociales, y también las políticas de empleo y de acceso a la vivienda.
En el ámbito de la ciberseguridad, en los próximos años se introducirán las auditorías de sistemas de información y también se auditarán los procedimientos de tramitación electrónica para velar por el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Asimismo, se analizarán las medidas para desarrollar las herramientas de inteligencia artificial y su impacto en las organizaciones.
Por último, en el campo de la gobernanza y del cumplimiento normativo, la fiscalización de la actividad de contratación y de fomento de las administraciones y entidades públicas será una prioridad, así como también la calidad y la integridad de los procesos de automatización de datos y de los trámites administrativos, a menudo demasiado farragosos y complejos para el ciudadano.
El MaPA define también los criterios de priorización que empleará la Sindicatura a la hora de decidir los trabajos que debe incluir en el Programa anual de actividades, que de acuerdo con la normativa la institución tiene que enviar al Parlamento de Cataluña para su conocimiento.
