El síndico mayor comparece ante el Congreso para explicar los informes de la Sindicatura sobre contratación derivada de la covid

Miquel Salazar ha intervenido en la Comisión de investigación “sobre los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la Covid-19”

El síndico mayor, Miquel Salazar, ha comparecido esta tarde ante la Comisión del Congreso de los Diputados que investiga la contratación llevada a cabo por las administraciones públicas del Estado para la compra de material sanitario destinado a hacer frente a la pandemia ocasionada por el virus de la Covid-19.

Salazar ha presentado a los diputados los dos informes que emitió la Sindicatura de Cuentas para analizar la compra de material sanitario en el contexto de la pandemia en el año 2020, los informes 32/2021 y 33/2021, dedicados a fiscalizar la contratación administrativa derivada de la covid en el ámbito de la Generalidad y en el ámbito de las entidades locales de Cataluña, respectivamente.

En relación con el informe sobre la Generalidad, que da cumplimiento a una resolución del Parlamento de Cataluña, la Sindicatura fiscaliza una muestra significativa de los 6.114 expedientes de contratación adjudicados por el procedimiento de emergencia con un importe de 704,05 M€, así como los contratos tramitados por urgencia y sus modificaciones.

El síndico mayor ha explicado que las conclusiones de la fiscalización se detallan en las 18 observaciones recogidas en el informe y ha destacado las 4 recomendaciones que se efectúan, relativas a la conveniencia de formalizar los contratos con posterioridad a la situación de emergencia y a la necesidad de recuperar el IVA y los importes abonados en exceso por la Administración.

Respecto al ámbito local, ha indicado que las administraciones municipales hicieron un total de 1.485 contractes de emergencia, con un importe de adjudicación de 80,14 M€. De la muestra revisada de estos contratos se desprenden 16 incumplimientos detallados en el informe, relativos entre otros al objeto del contrato, a los plazos de inicio de ejecución del mismo y a la presentación y liquidación de las facturas presentadas.

A preguntas de los diputados, Salazar ha manifestado que del trabajo de fiscalización realizado por la Sindicatura y de la muestra analizada no se desprende “evidencia alguna que sea susceptible de ser un hecho constitutivo de delito penal o de responsabilidad contable”. 

Ha defendido la utilización del procedimiento de emergencia previsto en la ley de contratación para situaciones excepcionales como la provocada por la covid, si bien ha abogado por una mejora de la regulación, por una mayor coordinación entre las administraciones y por formar una Administración “más robusta” capaz de hacer frente a crisis como la vivida recientmente.

La comparecencia del síndico mayor se añade a la de los demás presidentes y miembros de las cámaras de cuentas autonómicas, convocados para dar cuenta de las fiscalizaciones sobre la contratación de la covid realizadas en el ámbito de sus competencias.