El síndico mayor y la síndica Maria Àngels Cabasés comparecen ante la Comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA

Cabasés explica el contenido del informe de la Sindicatura sobre prestaciones de derecho subjetivo, y afirma que el Departamento no ha implementado medidas para fomentar la “responsabilización y los controles internos” de los servicios externalizados

La Comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección general de atención a la infancia y la adolescencia (DGAIA) ha acogido hoy la comparecencia en calidad de expertos del síndico mayor, Miquel Salazar, y la síndica Maria Àngels Cabasés, síndica ponente del informe de la Sindicatura sobre prestaciones económicas de derecho subjetivo que gestiona el Departamento de Derechos Sociales.

El síndico mayor ha hecho una intervención introductoria y ha cedido la palabra a la síndica para explicar en detalle el informe 6/2025, relativo al Departamento de Derechos Sociales: prestaciones económicas de derecho subjetivo, ejercicio 2022.

Como conclusión general, Cabasés ha destacado que de la fiscalización se desprenden “problemas estructurales de gobernanza y buen gobierno” en la gestión de estas prestaciones, así como “la falta de un marco de transparencia sobre los datos de su ejecución, con un elevado volumen de pagos indebidos ordenados por el Departamento de Derechos Sociales”, que la Sindicatura cifra en 167,56 M€ para el conjunto de las prestaciones de derecho subjetivo, y en 4,7 M€ los correspondientes a la prestación para personas jóvenes extuteladas.

La síndica ha explicado que una parte de estos pagos habrían prescrito dado que tienen una antigüedad superior a los 4 años y, por lo tanto, la Administración no podrá resarcirse de este dinero. Cabasés ha afirmado que el volumen de pagos indebidos reconocido por el Departamento “no es exhaustivo y podría ser revisable al alza”, igual que la cifra total de prescripciones.

Entre los problemas detectados por la Sindicatura en su informe, Cabasés ha destacado la dispersión de los sistemas de información, el incumplimiento de las situaciones de incompatibilidad para recibir las prestaciones, los problemas de seguimiento de las condiciones y requisitos de acceso a las prestaciones en el caso de los ex tutelados, los riesgos en los circuitos de control, el riesgo de conflictos de interés en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas a las entidades colaboradoras, y la falta de ejercicio de las funciones inspectoras y de supervisión que corresponde efectuar a los departamentos de Justicia, Trabajo y Derechos Sociales en el ámbito de sus respectivas responsabilidades.

En cuanto a la externalización de los servicios a los jòvenes extutelados a cargo de entidades colaboradoras, la síndica ha constatado que “el Departamento no ha implementado instrumentos o medidas lo suficientemente rigurosas para fomentar la responsabilización y los controles internos de estas entidades, ni tampoco sistemas sólidos de información, seguimiento y evaluación continua de la actividad que realizan, a fin de garantizar un uso y un destino correctos de los recursos concedidos”.

A preguntas de los diputados, el síndico mayor ha confirmado que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento por posible responsabilidad contable que actualment está en "fase de instrucción", a raíz de los hechos descritos en el informe de la Sindicatura. 

Ante la petición de algún grupo de valorar las actuaciones del Departamento, Salazar ha declinado hacer valoraciones porque “valorar políticas no es la función de un órgano de control externo”, más allá de constatar hechos y datos y ponerlos a disposición del Parlamento. La síndica ha añadioo que los informes de fiscalización se hacen de acuerdo con las normas internacionales de auditoría pública y están “basados en evidencias suficientes y adecuadas”. “En el informe no hay nada subjetivo, todo es objectivo”, ha subrayado Cabasés.