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Los síndicos comparecen en el Parlamento para presentar dos informes de fiscalización

Barcelona, 5 de febrero de 2026
Imatge de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament.

Viñas presenta a los diputados el trabajo sobre los planes directores urbanísticos y Salazar, el análisis sobre el personal de la Generalidad y el sector público dependiente

Los mimbros del Pleno han comparecido esta mañana ante la Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlamento para presentar dos informes de fiscalización.

De acuerdo con el orden del día de la Comisión, los síndicos han presentado los siguientes trabajos:

  • Informe 14/2205, relativo al Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio: planes directores urbanísticos, ejercicios 2020-2022.
  • Informe 15/2025, de análisis del personal de la Administración de la Generalidad de Cataluña y del sector público dependiente, ejercicios 2019-2023.

Para presentar el trabajo relativo a los planes directores urbanísticos ha intervenido el síndico Josep Viñas, quien ha explicado que el objecto del informe es la fiscalización de los aspectos legales y de gestión sobre el procedimiento de tramitación de los planes directores urbanísticos (PDU). En el período comprendido entre los años 2010 y 2022 la Generalidad dio de alta 113 expedientes, con un plazo de tramitación que llegó a los 8,37 años. Entre las conclusions más significativas, Viñas ha destacado que el Departamento “no formaliza ningún documento de planificación a largo plazo” y, por lo tanto, formalmente no fija unos objetivos plurianuales en relació con la ordenación del territorio.

El informe sobre el personal de la Generalidad y su sector público lo ha presentado el síndico mayor, Miquel Salazar. Según los datos que recoge el informe, en el ejercicio 2023 la Generalidad disponía de 299.336 efectivos con un gasto de personal que asciende a 14.645,26 M€. Salazar ha incidido en la necesidad de seguir con los procesos para reducir la temporalidad en el sector público, así como de llevar a cabo una política de renovación del personal dado que la media de edad del personal de la Administración y su sector público se ha ido incrementando en los últimos ejercicios.