Los síndicos presentan al Parlamento los informes sobre el Plan Serra Húnter, la deuda pública de la Generalidad y el Servicio Catalán de Tráfico
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Los miembros del Pleno de la Sindicatura han comparecido hoy ante la Comisión de la Sindicatura del Parlamento para presentar tres informes de fiscalización.
En la sesión de esta mañana, los síndicos han presentado a los diputado los siguientes informes:
El informe sobre el Plan Serra Húnter ha sido presentado por la síndica ponente, Anna Tarrach. En relación con este trabajo de auditoría operativa sobre el programa público de captación de talento a las universidades catalanas, la síndica ha concluido en términos generales que el diseño del procedimiento de selección del Plan presenta “algunas características adecuadas” para incorporar profesorado altamente cualificado y con méritos homologables a los estándares internacionales. No obstante, Tarrach ha alertado sobre la desincentivación que provoca la excesiva demora de los procesos de selección, que pueden durar hasta 22 mesos, y ha destacado también “las características del personal contratado en el Plan Serra Húnter no difieren sustancialmente” de las del personal que no proviene de este programa, por lo que respecta a los perfiles demográficos y académicos de los seleccionados.
En relació con el informe sobre la deuda pública de la Generalidad, producto de un encargo del Parlamento, el síndico mayor ha resumido las principales conclusiones de un trabajo que ha calificado de “singular”. Salazar ha puesto énfasis en la necesidad, apuntada en el informe, de negociar un nuevo sistema de financiación que incorpore “sistemas correctores” para responder a los ciclos económicos variables y que tenga en cuenta “los diferenciales de costes entre comunidades autónomas, ya que este es un Estado complejo”.
Por último, el informe sobre el Servicio Catalán de Tráfico ha sido presentado por la síndica Llum Rodríguez. En su exposición, Rodríguez ha destacado las observaciones relativas a la contratación administrativa, con un elevado peso de la contratación menor, así como deficiencias en materia de personal y de cumplimiento de la normativa de transparencia y de protección de datos.
