Informe 6/2025 Departamento de Derechos Sociales: prestaciones económicas de derecho subjetivo, ejercicio 2022
El informe en 2 minutos
¿Por qué hemos hecho esta fiscalización?
- Las prestaciones económicas pueden concederse con carácter de derecho subjetivo (garantizadas), de derecho de concurrencia o de urgencia social.
- Las prestaciones de derecho subjetivo tienen la finalidad de atender determinadas situaciones de necesidad y se incluyen en la vigente Cartera de servicios sociales. Se financian principalmente con cargo a los presupuestos del Departamento de Derechos Sociales de la Generalidad, mediante créditos ampliables, y su asignación está sometida a criterios fijados por la ley.
- El objetivo de esta auditoría ha sido evaluar si las prestaciones se ajustan a los principios de eficacia, eficiencia y economía, además de incorporar un enfoque propio de la evaluación de políticas públicas.
¿Cuáles son los hechos y las cifras clave?
- En 2022 el Departamento de Derechos Sociales reconoció gastos por 3.095,72 M€, entre ellos, un volumen de 978,29 M€ correspondiente a prestaciones económicas garantizadas, el 31,60%.
- La Cartera de servicios sociales cuenta con 17 prestaciones económicas de derecho subjetivo, gestionadas mediante 8 aplicaciones informáticas externalizadas a 4 proveedores.
- Las prestaciones con un volumen de gasto más significativo están vinculadas a la renta garantizada de ciudadanía y a las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Representan el 43,30% y el 40,29%, respectivamente.
¿Qué hemos observado?
- La definición de la población elegible y de las cuantías de las prestaciones presenta carencias que limitan el acceso y la protección a personas en situación de pobreza.
- El mapa de prestaciones es excesivamente complejo.
- Algunos pagos presentan incompatibilidades con otras prestaciones (renta garantizada ciudadanía) y con las rentas del trabajo (prestaciones para jóvenes extutelados).
- En el período 2016-2024 el volumen de importes pagados indebidamente es de al menos 167,56 M€, de los cuales 7,17 M€ pertenecen a expedientes prescritos.
- No se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia de las actividades financiadas con fondos públicos, ni se difunden resultados vinculados a las actividades.
¿Qué recomendamos?
- Buscar un mejor encaje entre los objetivos de la política pública, poco definidos, la normativa que determina el acceso a las prestaciones, sistemas de información y procedimientos de gestión.
- Establecer un conjunto de objetivos e indicadores que vertebren la rendición de cuentas y orienten la toma de decisiones.
- Valorar promover una ventanilla única que actúe como punto de entrada único y que pueda agrupar el procedimiento y tramitación simultánea de diversas prestaciones.
- Revisar los actuales procedimientos administrativos e implementar medidas preventivas en la gestión de los pagos.
- Exigir el reintegro con indicación de las causas de condonación o prescripción de los créditos.
Última actualización: 09/02/2023
