El síndico mayor presenta al Pleno del Parlamento el informe sobre la Cuenta general de la Generalidad del ejercicio 2023
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En el Encuentro de Alto Nivel intervienen los presidentes de los tribunales de cuentas de Italia y Portugal y representantes de ASOCEX
El síndico mayor, Miquel Salazar, ha defendido la necesidad de respetar la autonomía de la Sindicatura de Cuentas y de las instituciones de control externo para preservar su imparcialidad y rigor y garantizar que su labor sea útil a los parlamentos y a la ciudadanía.
En el transcurso de un Encuentro de Alto Nivel organitzado por el Tribunal de Cuentas e INTOSAI (organización internacional de las instituciones fiscalizadoras superiores) en Madrid, Salazar ha expuesto algunas de las condiciones básicas para asegurar la independencia de las instituciones de control externo.
Ha destacado la necesidad de que estas instituciones formen parte del marco constitucional o estatutario -la Sindicatura de Cuentas está regulada en los artículos 80 y 81 del Estatuto de autonomía-, que la legislación propia regule con claridad la composición, atribuciones y mandato de estos órganos y que tingan plena autonomía funcional y financiera, pese a depender de los parlamentos autonómicos. “El Programa anual de actividades lo hace la Sindicatura y lo aprueba la Sindicatura”, ha afirmado.
Salazar ha subrayado la importancia de garantizar la “transparencia” y la “publicidad” del trabajo realizado y de evitar que este se vea supeditado a la influencia de agentes externos, sean las formaciones políticas, el “ruido mediático” o las partes interesadas. “Tenemos que saber huir de la influencia política, del sesgo, no tenemos que estar mediatizados ni por las noticias ni por actos de terceros, porque aquí descansa nuestra reputación y la utilidad de nuestro trabajo, que no es otro que hacer una Administración mejor”, ha dicho.
Las jornadas han tenido lugar a lo largo de dos días. Fueron inauguradas ayer por la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y por el director general adjunto de la Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI, Ola Hoem, y contaron con la intervención de académicos, representantes de las Cortes y también de instituciones internacionales com el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE.
El debate de hoy ha empezado con panel de experiencias comparadas a cargo de la presidenta del Tribunal de Cuentas de Portugal, Filipa Urbano, y del presidente de la Corte dei Conti italiana, Guido Carlino.
El síndico mayor ha sido presentado por Joan Mauri, consejero del Tribunal de Cuentas , y ha compartido panel con el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia.
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La cámara aprueba la Cuenta e insta al Gobierno a seguir las observaciones y recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas
El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Miquel Salazar, ha comparecido esta tarde ante el Pleno del Parlamento para presentar el informe sobre la Cuenta general de la Generalidad del ejercicio 2023.
Salazar ha destacado algunas de las grandes cifras de las cuentas y ha reconocido el trabajo de consolidación que realiza la Intervención general en la elaboración de la Cuenta que, pese a no ser exhaustivo, permite tener “una fotografía muy rigurosa” del perímetro del sector público de la Generalidad, formado por la Administración y 207 entidades de diversa naturaleza.
En el presupuesto consolidado de 2023 se liquidaron derechos por 57.548,38 M€ y se reconocieron obligaciones por 58.115,22 M€, con un resultado negativo de 566,84 M€.
El síndico mayor ha subrayado que a 31 de diciembre de 2023 la Administración de la Generalidad presentaba un remanente de tesorería negativo de 9.146,21 M€, un patrimonio neto negativo de 59.316,41 M€, un endeudamiento financiero de 86.140,36 M€ y compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros por 123.412,12 M€. En su informe, la Sindicatura deja constancia de “delicada situación financiera” de la Generalidad.
Ha añadido que la Sindicatura “está al día” con la elaboración de este informe, ya que de acuerdo con los plazos legalmente establecidos la Intervención general tiene hasta el 31 de julio para presentar la Cuenta general -que incluye las cuentas de todas las entidades del sector público de la Generalitat- y hasta el 31 de octubre para presentar las cuentas consolidadas al órgano fiscalizador, por lo que la Sindicatura empieza la fiscalización con casi un año de decalaje.
De acuerdo con la tramitación prevista en el Reglamento del Parlamento, el dictamen sobre la Cuenta general de la Generalidad elaborado por la Comisión de la Sindicatura de Cuentas debe someterse a la votación del Pleno del Parlamento.
La cámara ha aprobado hoy por mayoría el dictamen, que aprueba la Cuenta general de la Generalidad del ejercicio 2023, asume el contenido del informe de fiscalización de la Sindicatura e insta al Gobierno “a seguir las observaciones y recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas y a informarlo del cumplimiento de dichas observaciones y recomendaciones y de los resultados obtenidos”.
Fotos: Parlamento de Cataluña